Factores Subyacentes del Riesgo
SENAPRED
El Índice Comunal de los factores subyacentes del riesgo de desastres (ICFSR) apunta a entregar al municipio una metodología estándar que permita un auto diagnóstico y las respectivas recomendaciones para reducir aquellos factores subyacentes del riesgo de desastres que se identifiquen, así como también evidenciar fortalezas en el territorio comunal.
Los aspectos que se miden son: Ordenamiento Territorial, Gobernanza, Cambio Climático y Recursos Naturales, y Condiciones Socioeconómicas y Demográficas. Este índice permite orientar los esfuerzos en el nivel local mediante recomendaciones para acciones y medidas focalizadas, tendientes a reducir los factores subyacentes preponderantes, identificados en los resultados específicos de cada comuna.
¿Qué son los factores subyacentes?
Corresponden a aquellos procesos, tanto físicos como sociales, que contribuyen, impulsan, conducen o determinan de forma importante a la construcción, creación o existencia de condiciones de riesgo de desastres en la sociedad y pueden estar asociados a aspectos territoriales, ambientales, socioeconómicos o de gobernanza que inciden en la vulnerabilidad de los territorios.
¿Por qué es importante identificarlos?
Porque permite comprender las condiciones y procesos que influyen en la construcción del riesgo de desastres en un territorio. Esto facilita reconocer las debilidades y fortalezas en la gestión local del riesgo y orientar de mejor manera las acciones destinadas a su reducción.
¿Qué permite su análisis o evaluación?
Permiten generar un diagnóstico comunal, establecer una línea base para evaluar y comparar en el tiempo los avances o retrocesos en la gestión del riesgo, y orientar recomendaciones para mejorar la gestión a nivel local. Asimismo, facilita la articulación de actores relevantes y contribuye a focalizar, priorizar y asignar recursos hacia los ámbitos o sectores más vulnerables del territorio.
Aplicación de la encuesta
La encuesta de los Factores Subyacentes del Riesgo se ha implementado en dos procesos de aplicación a nivel nacional. El primero se desarrolló entre 2017 y 2019, permitiendo levantar un diagnóstico inicial a nivel comunal. Posteriormente, se realizó una segunda aplicación entre los años 2024 y 2025, con el objetivo de actualizar la información y evaluar la evolución de las condiciones asociadas en los territorios.